viernes, 11 de enero de 2013

PINAMAR EN EBULLICIÓN: EL PROCESADO ALTIERI SIGUE MANDANDO



Mientras los residentes estacionales intentan disfrutar Pinamar (aunque la temporada no es lo que 'pintaba' y, además, todo está mucho más caro que en balnearios cercanos), entre los residentes permanentes hay un debate muy intenso por la presión tributaria creciente e injustificada.                                                                                                                                         
¿Qué plan de ahorro de gasto hizo Pinamar? ¿Se justifica que en un pequeño municipio como Pinamar tenga 1.500 empleados públicos? ¿Y cómo es que un ex alcalde procesado como Blas Altieri sigue gestionando el municipio en las sombras? Es todo muy inexplicable en Pinamar. Según explicó el abogado Lucas Ventoso, son 5 las causas penales que se llevan adelante contra Altieri pero los delitos contra la administración pública suman más de 20: peculado, administración infiel en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita, son sólo algunos de ellos.
Blas Altieri, con dinero de otros administraba hasta Néstor Kirchner... Lo interesante es hacerlo con dinero propio.
En vísperas de la campaña electoral más reciente, cuando se conmemoraba el Día del Periodista, se le atribuyó al entonces intendente Blas Altieri comentar en un corrillo al ser consultado sobre el eje proselitista que desarrollaría: "No hace falta, Scioli me da $400 millones por año, de los que asignamos un poco más de $200 millones. El resto lo manejamos con criterio propio".
Aún así ganó por escaso margen la elección, que despertó suspicacias por el voto electrónico extranjero y la afluencia de micros inusual con contingentes de documentados en Pinamar. Pero Daniel Scioli, el gobernador bonaerense, respaldó a Altieri, su amigo.
Había prometido arreglar los sueldos del millar largo de empleados municipales antes de la temporada, que reclamaban por aumentos superiores al 30%, y la ampliación presupuestaria no fue aprobada en el Concejo Deliberante. Fue el germen del conflicto que esperaba al intendente al final de la temporada, que encima fue floja conforme a las expectativas y no dio lugar en consecuencia a aplicar una cuota adicional para cubrir la demanda gremial.
La interna entre Mariotto y Scioli, potenciada por la ofensiva de aquel para esmerilar al gobernador, dividió la débil coalición gobernante pinamarense entre el vecinalismo y el peronismo, lo cual se agravó por el cierre del grifo aplicado por el gobierno nacional a la provincia. La consecuencia fue que municipios como Pinamar dejaron de recibir la ayuda de La Plata. Altieri ya no pudo contar con los $400 millones que le permitían hacer política clientelar en parte y disponer para su propio beneficio del resto. En el medio de esta tensión, incursiona CQC en la municipalidad con una denuncia sobre asignación de viviendas integrantes de un plan para carenciados a familiares directos de Altieri, incluida su hija. Pero uno de los detonantes de las presentaciones judiciales que llovieron contra él cuando los números del municipio tocaron fondo resultó ser la compra de un auto Audi último modelo justo cuando el gremio cumplía el mes del paro más duradero del que se tenga conocimiento. "No tienen plata para nosotros pero sí para ellos", bramaron entre los municipales que antes habían sido aliados de Altieri. Se cumplió el viejo axioma de los cabarets: "Se acabó la plata, se acabó el amor".
El pedido de destitución del intendente se fundamentó en una treintena de causas que se fueron acumulando en juzgados que le eran favorables, como Dolores, donde el tiempo las iba licuando. En Mar del Plata, donde habían sido radicadas las menos, también recibían el destino del cajoneo. Mientras la provincia de Buenos Aires estaba a favor, y a cambio Altieri le cedía los principales espacios públicos para desplegar la campaña para Scioli aun después de la elección de octubre de 2011, y en Dolores disfrutaban de ciertos beneficios otorgados a la justicia local entongada con la "mafia de los remates", Altieri podía dormir por ese lado tranquilo. Aunque a decir verdad en el último remate de lotes, que terminó en una gresca al ser agredidos vecinos que fueron a ofertar y ante un escandaloso contubernio entre el juez y el abogado y ex pariente de Altieri, Carlos Oricchio, la cesión de terrenos a precio vil no se pudo concretar porque las adjudicaciones terminaron siendo impugnadas y anuladas. La pobre respuesta del oficialismo de Pinamar ante las cámaras de CQC, que culminó con una agresión absurda al periodista González por parte de uno de los colaboradores de Altieri, aceleró la sensación de que tenían plata para llevársela pero no para distribuir entre los empleados. El Concejo Deliberante tuvo que hacer lugar a la ofensiva de los que querían destituir a Altieri y llamar a elecciones, entre las más entusiastas la radical Mercedes Taurizano, que había perdido por escaso margen y suspicacias de fraude la última elección. Así fue como lo suspendió. El intendente presentó un quilométrico descargo a las 32 causas que le habían reunido para estirar los tiempos y mientras incubó un acuerdo político con el PJ para implementar durante el interinato de su reemplazante Hernán Muriale, un contador leal que lo representaba en el Concejo. Cualquiera que haya pasado por el despacho del intendente interino pudo ver con sus ojos la cantidad de tiempo que pasaba a puertas cerradas con Altieri, con lo que la sensación generalizada fue que todo estaba como era entonces. No extrañan las declaraciones del decano edil cuando afirma que está en un año sabático y volverá a ocupar el cargo. Una de las demostraciones visibles de la existencia de un acuerdo entre Altieri y el PJ local, encabezado por otro destituido, Roberto Porretti, fue la designación al frente de la estratégica dirección de turismo del hotelero peronista Alfredo Baldini, en lo que se interpretó como una suerte de cogobierno de transición. Pero algo hacía falta para descomprimir la tensión acumulada sobre la propia conducción "colegiada" municipal, que la movida de Cariló para independizarse de Pinamar y retornar al viejo redil de Madariaga hizo tambalear hace 3 meses, y ahí la imaginación de la entente concibió un proyecto de comparsódromo en la populosa Ostende, cuyo paso ocupa los frentes de toda esa arteria cuya principal característica es que constituye el epicentro de una clase social compuesta por trabajadores e inmigrantes pobres, fuertemente resistida por el establishment fundacional del partido que protesta por la devaluación que trajo implícita a la otrora cotizada conjunción exclusiva de playa y bosque.
Esta típica jugada de tero desplazó por un momento el eje de la crisis institucional por un municipio quebrado y cubierto de corrupción llevándola al terreno de la discriminación racial y social. De ahí que el tumultuoso levantamiento de la última reunión del Concejo, en la que se trataría la continuidad o no del corsódromo tras la resistencia vecinal, eclipsó a la verdaderamente grave, que es el proyecto de ampliación del presupuesto para pagar los aumentos a la voluminosa plantilla municipal y atender los servicios básicos de un municipio que encaró la temporada en estado de abandono: con problemas de recolección de basura, falta de limpieza en las calles, luminarias rotas y un operativo de seguridad que llenó la vía pública de uniformes azules policiales y chaquetas verdes de reclutados comunales sin capacitación alguna, lo mismo que de tiendas de campaña en algunas esquinas de los barrios periféricos de la zona norte. Pero la verdad es que basta con mirar la página en Facebook Vecinos en Alerta de Pinamar para entender que esa política no ataca la cuestión principal de los delitos que asolan a la costa. Y es el accionar de bandas de Madariaga, Villa Gesell, Mar de Ajó y la propia Pinamar, que rotan entre las localidades por los espacios libres que quedan en la protección policial. Muchos vecinos escuchan que el movimiento de esas brigadas golondrinas se intensifica o amaina según el minuto a minuto de la crisis institucional que compromete el futuro y la libertad de Altieri. El juez Guillermo Atencio solicitó trasladar a su jurisdicción las causas contra el ex intendente presentadas por el abogado Lucas Ventoso, su par en lo Criminal y Correccional de Garantías Nº 3, a lo que su par en lo Criminal y Correccional de Garantías Nº 3, Gastón Giles desestimó el pedido “por ser legalmente improcedente” y lo explicitó en un fallo de 14 puntos. Meses atrás, Atencio, presentaba un escrito en los juzgados de Dolores y Mar Del Plata solicitando que las más de cinco causas presentadas contra Blas Altieri por el abogado Lucas Ventoso, pasen a depender de su jurisdicción. La misma, fue categóricamente desestimada por Gastón Giles, Juez en lo Criminal y Correccional de Garantías Nº 3 “por ser legalmente improcedente”. Para entender la importancia de esta resolución es necesario recordar que, luego de seis años de inacción por parte de los fiscales que debían atender las causas contra el ex Intendente, se conformó un Jurado de Enjuiciamiento para investigar si los magistrados Diego Escoda, Lis Grisel Brestolli y Roberto Gustavo Miglio Salmo, entre otros, habían obstaculizado las causas. A esta situación, se sumó el año pasado una llamativa decisión: todos los fiscales del Departamento Judicial de Dolores se excusaron de investigar a Altieri y a Oricchio.
Según explicó el abogado Ventoso, son 5 las causas penales que se llevan adelante contra Altieri pero los delitos contra la administración pública suman más de 20: peculado, administración infiel en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita, son sólo algunos de ellos. “Para ordenar esta mega causa, Giles determinó que tiene que haber una causa penal por cada gestión de Altieri”, explicó el letrado. Es decir, como las causas que se investigan involucran tres periodos de gobierno municipal, estarán ordenadas en 3 IPPs (Investigación Penal Preparatoria). El abogado Ventoso asegura que derivar las causas a La Plata “significaría garantizar la impunidad de Altieri. Fundó esta afirmación en las circunstancias objetivas de la petición de Atencio, que sale a reclamar una competencia sin ningún tipo de fundamento jurídico. Es decir, pide que todas las causas penales contra Altieri y Oricchio vayan a La Plata, a su Juzgado, sin siquiera ver las causas porque eso es lo que le solicita el defensor de Altieri, Sebastian Tamagno”. Ese enredo judicial patea la pelota hacia un futuro que todo lo arregla.                                                              
 Fte: urgente24

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