jueves, 9 de agosto de 2012

TRASPIÉ JUDICIAL DE ERNETA: NO A LA RECUSACIÓN DEL FISCAL DE ESTADO


CEODECO INFORMA: LA CÁMARA DE APELACIONES EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MAR DEL PLATA RECHAZÓ EL PEDIDO DE RECUSACIÓN DE JUEZ MARCELINO ESCOBAR EN LA CAUSA: FISCAL DE ESTADO C/MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL.
ADJUNTAMOS RESOLUCIÓN


REGISTRADO BAJO EL N° (R) FN°
ACL
C-3186-DO1
FISCAL DE ESTADO C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN

Mar del Plata, 07 de agosto de 2012.
AUTOS Y VISTO:
I. Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada con motivo del incidente de recusación con causa promovido por el Sr. Jorge Rodríguez Erneta –quien manifestó formularla por derecho propio y en su carácter de Intendente Municipal de Villa Gesell–, respecto del titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Dolores [cfr. fs. 347/357].
II. De los elementos de juicio acompañados al presente legajo, se extraen los siguientes datos útiles para la resolución del conflicto planteado:
1. Con fecha 06-12-2011 el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires promovió demanda de protección ambiental contra la Municipalidad de Villa Gesell, pretendiendo –por esa vía- obtener la orden de demolición y remoción total, por sí o por terceros, de todas las estructuras fijas construidas con mampostería, bases, pilares y/o fundaciones de cemento que se hubieren emplazado sobre el dominio público costero del Partido de Villa Gesell con motivo de la explotación de Unidades Turísticas Fiscales, juntamente con la inmediata recomposición de las dunas que hubieren resultado afectadas. Además, solicita que como resultado de la presente acción se conmine a la Municipalidad de Villa Gesell a cumplir con lo dispuesto en el Decreto N° 8282/87 dando intervención a los Organismos Provinciales competentes para analizar la viabilidad de la explotación de las U.T.F. en los términos establecidos mediante las Ordenanzas Municipales N° 2050/06, N° 2346/10 y N° 2347/10 [v. presentación de fs. 76/90, en particular fs. 76, apartado II acápite “OBJETO”].
Asimismo peticionó –en carácter de medida cautelar-: 1) “… por los mismos fundamentos y circunstancias valoradas en la causa ARANDA HECTOR EDUARDO C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ MATERIA A CATEGORIZAR (Expediente 7152)…”, la suspensión de los efectos de las Ordenanzas N° 2346/10 y 2347/10; 2) que se ordene a la Municipalidad de Villa Gesell “… la inmediata paralización de las obras que se están realizando en la Unidad Turística Fiscal de playa en paseos 123 y 148 y playa, presumiblemente autorizada por Expediente 3619/11, en cumplimiento de sus deberes de policía…” y, 3) que se ordene a la citada Comuna ”… que se abstenga de realizar licitaciones, concursos o contrataciones y/o autorizar nuevas construcciones y habilitaciones de Unidades Turísticas Fiscales de cualquier tipo, hasta tanto se resuelva la presente acción” [v. fs. 76/90, en particular fs. 76, apartado II acápite “OBJETO” y fs. 82 vta./88, apartado IX].
2. Requerido a la Municipalidad el informe previsto en el art. 23 inc. 1° del C.P.C.A. [v. proveído de fs. 92/93], la accionada cumplió con lo ordenado mediante la presentación que luce a fs. 107/111.
3. Es así que con fecha 29-03-2012 el a quo otorgó la tutela cautelar peticionada por la parte actora, ordenando a la Municipalidad de Villa Gesell que “… proceda a disponer la inmediata paralización de las obras que se están realizando en las Unidades Turísticas Fiscales de playa identificada como parcela 40 C sita en paseo 123 y playa y 148 y playa (autorizada por expediente 3619/11) de Villa Gesell, en cumplimiento de sus facultades de policía, concesionada en el marco del Expediente 4908/10, absteniéndose de realizar licitaciones, concursos y/o autorizar nuevas construcciones y habilitaciones de Unidades Turísticas fiscales de playa hasta tanto cambien las circunstancias que justifican su dictado –previa resolución judicial que así lo disponga- o adquiera firmeza la sentencia definitiva a dictarse en el marco de estos obrados…” [v. resolución de fs. 224/236 y aclaratoria de fs. 253, a cuyos fundamentos cabe remitirse en honor a la brevedad].
III. Mediante presentación de fecha 09-04-2012 el Sr. Jorge Rodríguez Erneta –en carácter de Intendente Municipal de Villa Gesell y por derecho propio- formuló recusación con causa contra el magistrado interviniente en estos autos invocando las causales contenidas en el art. 17 incs. 5° y 7° del C.P.C.C. Asimismo, denunció el posible incumplimiento por parte del juez de grado de las disposiciones contenidas en los arts. 30 y 32 del C.P.C.C. [cfr. fs. 347/357 y documental de fs. 258/346 que acompañó en sustento de su planteo]. En lo que aquí interesa expuso:
1. En relación a la causal de prejuzgamiento (art. 17 inc. 7° del C.P.C.C.):
a) Sostiene que en el pronunciamiento cautelar dictado con fecha 29-03-2012 -en las presentes actuaciones-, el a quo “… anticipa respecto del ejecutivo municipal omisiones en franco apartamiento de las normas vigentes, en materia ambiental, situación que en modo alguno ha sido acreditada en autos…”. Arriba a esta conclusión al observar que el magistrado de grado fundó ciertas parcelas del otorgamiento de la tutela precautoria peticionada por el Sr. Fiscal de Estado en lo resuelto con anterioridad en el expediente N° 6826 caratulado: “CENTRO DE ORIENTACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR CEODECO Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR” [Expte. N° 6826].
b) Señala –además- que según lo resuelto por el magistrado recusado en la causa N° 6759 caratulada: “FISCALIA DE ESTADO c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR” en la que expuso “… que el proyecto de las playas de Villa Gesell no sería viable…”, pudo fácilmente apreciar que en la sentencia definitiva a dictarse en estos autos, decretará la nulidad de las ordenanzas de licitación N° 2346/10 y N° 2347/10 y la demolición de las obras autorizadas por ellas. Refiere que tal anticipo de juzgamiento puede evidenciarse en la resolución cautelar dictada en estos autos, para lo cual transcribe el párrafo que estima pertinente. Cita doctrina que considera atinente a la materia en debate.
2. Respecto de la causal contemplada en el art. 17 inc. 5° del C.P.C.C.:
a) Aduce que en el marco de los autos caratulados: “CENTRO DE ORIENTACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR CEODECO Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR-OTROS JUICIOS” [Expte. N° 6826], de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Depto. Judicial Dolores, el a quo dispuso formalizar -con fecha 17-12-2010- denuncia penal en su contra, en el entendimiento de “… que lo actuado por el Municipio significó el incumplimiento de la manda judicial vigente establecida en el marco de las presentes actuaciones, siendo responsable en tanto el representante de dicha institución en estos obrados el Sr. Intendente de Villa Gesell en su carácter de Funcionario Público y atento a lo previsto por los arts. 15 y 163 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, existiendo en el caso la posible comisión de un delito de acción pública…”, y no obstante haber sido desestimada y archivada, el proceder del magistrado generó un daño irreversible a su buen nombre y honor y una afectación negativa en su imagen pública, como asimismo respecto de la eficacia en el manejo de la gestión municipal.
b) Agrega que, para más, en el marco de los autos caratulados: “SORICETTI OSVALDO ALBERTO Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR-OTROS JUICIOS” [Expte. N° 7277], también en trámite ante el Juzgado a cargo del magistrado recusado, el a quo -con fecha 29-12-2011- confirió vista a la Fiscalía General Departamental “… a los fines que determine si existió la presunta comisión de un delito, que involucraría, eventualmente en caso de existir, al Intendente Municipal Jorge Rodriguez Erneta…”.
Ambas circunstancias –señala- demuestran a las claras el carácter de “denunciante” que posee el juez de grado en relación a su persona y la configuración de la causal invocada.
3. Puntualiza luego que frente al reseñado panorama correspondía que el juez de grado se excusara de intervenir en las presentes actuaciones, obligación que surge del art. 30 del C.P.C.C., bajo apercibimiento de lo normado en el art. 32 del citado cuerpo legal.
4. Todo lo dicho –concluye- deja a las claras la animosidad, parcialidad y arbitrariedad de la conducta asumida por el juzgador en relación al municipio accionado, lo que –además- se evidencia en la diferencia de trato que aquél brinda ante similares controversias al Municipio de Pinamar y al de Villa Gesell, situación que –según denuncia- se agrava -en perjuicio de la Comuna que representa- cuando la parte actora resulta ser el Sr. Fiscal de Estado.
5. Por todo lo expuesto, peticiona el apartamiento del a quo del conocimiento de las presentes actuaciones y de todas aquellas en las que resulte parte el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Gesell.
IV.1. El Juez de grado produjo el informe previsto en el art. 26 del C.P.C.C., exponiendo las razones por las cuales consideró que no se encontraban configuradas en la especie las causales invocadas por el Sr. Jorge Rodríguez Erneta –por su propio derecho y como Intendente del Municipio de Villa Gesell- con la finalidad de obtener su apartamiento de la causa [cfr. fs. 384/389].
En tal sentido manifestó: i) que el recusante solo emite opiniones subjetivas e infundadas que lejos están de configurar los elementos necesarios para que prospere la recusación en los términos planteados; ii)que cumplió cabalmente con su deber como magistrado al poner en conocimiento de la justicia penal –en ambos casos denunciados- los incumplimientos del funcionario frente a una clara manda judicial; iii) que en todas las causas en las que la Municipalidad de Villa Gesell resulta ser parte actuó con imparcialidad y responsabilidad en su juzgamiento, y que la comparación que el recusante efectúa con el Municipio de Pinamar carece de todo asidero ya que este último también ha sufrido reveses en causas dirimidas en el Juzgado a su cargo, del mismo modo que la Comuna de Villa Gesell obtuvo pronunciamientos favorables cuando así resultó pertinente; iv) que no consideró que se encontraran presentes en la especie elementos relevantes para actuar conforme lo dispone el art. 30 del C.P.C.C. y; v) que de la fundamentación del peticionante surge su clara intención de apartarlo de las causas presentes y futuras que tramita como juez natural, ante los eventuales resultados adversos obtenidos por aquél. 
2. Consecuentemente, elevó las actuaciones a esta Alzada para su tratamiento [cfr. fs. 388].
Y CONSIDERANDO:
I. Reseñados en modo sucinto los antecedentes de la cuestión a resolver, cabe efectuar previamente ciertas precisiones:
a) El Sr. Jorge Rodríguez Erneta -en calidad de Intendente de la Municipalidad de Villa Gesell y por derecho propio-, formuló recusación con causa contra el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores, fundando su planteo en dos causales que entendió configuradas en la especie: i) haber incurrido el magistrado en prejuzgamiento en oportunidad del dictado de la medida cautelar en estos autos [art. 17 inc. 7° del C.P.C.C.] y; ii) haber sido el juez de grado denunciante del recusante con anterioridad a la iniciación de la presente causa [art. 17 inc. 5° del C.P.C.C.].
Y, no obstante el planteo sustancial formulado, también alegó que el a quo habría obrado con animosidad y parcialidad respecto de las causas en las que es parte la Municipalidad de Villa Gesell –en comparación, frente a similares, con el Municipio de Pinamar-.
b) Por estrictas razones de orden metodológico, se abordará inicialmente el primer segmento del planteo incoado puesto que, de configurarse esta causal [prejuzgamiento, art. 17 inc. 7° del C.P.C.C.], el análisis de los restantes argumentos se tornaría innecesario.
II. Como punto de partida, cabe recordar que por anticipación de criterio o “prejuzgamiento” se entiende el aporte subjetivo del magistrado, consistente en emitir opinión o juicio que haga entrever la decisión final que ha de tener la causa fuera de su debida oportunidad [cfr. doct. S.C.B.A. en causa I. 71.017 “Necochea Entretenimientos S.A.”, res. del 15-VI-2011]. En similar sentido, se ha precisado que el vicio aludido se configura en aquellos supuestos en que el juez en el mismo proceso ha anticipado o dejado traslucir su opinión sobre el fondo de la causa u otro aspecto que solo corresponde decidir en la sentencia definitiva. Es decir que para que se configure esta causal debe existir: a) un pronunciamiento en la causa referido a un prejuzgamiento expreso; b) recaído sobre la cuestión de fondo a decidir; c) en el mismo proceso y, d) en oportunidad en que no corresponde emitir opinión [cfr. doct. S.C.B.A. en causa C. 102.687 “Scorpino”, sent. del 3-XI-2010].
No se advierte en el sub lite la presencia de dichos extremos.
En primer lugar, puesto que la causal esgrimida se vincula con pronunciamientos dictados en expedientes diferenciados [efectuando el proponente una comparación con lo decidido en la presente causa y extrayendo sus propias conclusiones a partir de ello]: a) de un lado, las actuaciones identificadas como expediente N° 6826 caratulado: “CENTRO DE ORIENTACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR CEODECO Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR”, a cuyos fundamentos acudió el a quo en distintos pasajes de la resolución dictada en estos autos al solo efecto de fundar el despacho cautelar y, b) de otro, la causa N° 6759 caratulada: “FISCALIA DE ESTADO c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR”, ni siquiera mencionada por el magistrado en el pronunciamiento cautelar emitido en esta causa [cfr. fs. 224/236, en especial desde fs. 228 vta. -apartado IV)-].
En segundo término, por cuanto el a quo se expidió –al otorgar la tutela precautoria- sobre aspectos alejados del planteo fondal que, valga reiterar, consiste en obtener la orden de demolición y remoción total, por sí o por terceros, de todas las estructuras fijas construidas con mampostería, bases, pilares y/o fundaciones de cemento que se hubieren emplazado sobre el dominio público costero del Partido de Villa Gesell con motivo de la explotación de Unidades Turísticas Fiscales, juntamente con la inmediata recomposición de las dunas que hubieren resultado afectadas, adicionando a ello que como resultado de la presente acción se conmine a la Municipalidad de Villa Gesell a cumplir con lo dispuesto en el Decreto N° 8282/87 dando intervención a los Organismos Provinciales competentes para analizar la viabilidad de la explotación de las U.T.F. en los términos establecidos mediante las Ordenanzas Municipales N° 2050/06, N° 2346/10 y N° 2347/10 [v. presentación de fs. 76/90, en particular fs. 76, apartado II acápite “OBJETO”].
Confrontado este esquema con lo resuelto por el juez de grado a fs. 235 vta./236, punto 3), fácilmente puede apreciarse que no anticipó en las presentes actuaciones opinión o juicio alguno sobre la pretensión de fondo articulada por la parte actora fuera de su debida oportunidad, en tanto al resolver la cautelar ordenó a la Municipalidad de Villa Gesell que “… proceda a disponer la inmediata paralización de las obras que se están realizando en las Unidades Turísticas Fiscales de playa identificada como parcela 40 C sita en paseo 123 y playa y 148 y playa (autorizada por expediente 3619/11) de Villa Gesell, en cumplimiento de sus facultades de policía, concesionada en el marco del Expediente 4908/10, absteniéndose de realizar licitaciones, concursos y/o autorizar nuevas construcciones y habilitaciones de Unidades Turísticas fiscales de playa hasta tanto cambien las circunstancias que justifican su dictado –previa resolución judicial que así lo disponga- o adquiera firmeza la sentencia definitiva a dictarse en el marco de estos obrados…” [v. resolución de fs. 224/236 y aclaratoria de fs. 253].
Aquí –entonces-, cobra relevancia lo dicho por el magistrado de la instancia cuando expresa en el informe de fs. 384/387 de autos que “… el prejuzgamiento solo se configura por la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas, pero no existe cuando se trata de una intervención judicial que guarda relación directa y diáfana con el cumplimiento del deber de proveer a las peticiones que se formulan en el transcurso del proceso”.
Y, no obstante lo anterior, ninguna tacha puede efectuarse al magistrado cuando acudió para fundar su decisión a otros pronunciamientos por él dictados, máxime cuando se vinculan a similar temática. Es que el juzgamiento de cuestiones análogas constituye un normal ejercicio de competencias propias que no importa prejuzgamiento en el sentido expuesto en el artículo 17 inc. 7° del C.P.C.C. [cfr. doct. S.C.B.A. causa “Necochea Entretenimientos S.A.”, cit.].
De ahí entonces que mal puede aseverar el recusante –en este nuevo proceso incoado- que el a quoincurrió en prejuzgamiento por remitirse a fundamentos empleados en anteriores decisiones o bien decidir en igual sentido que lo hiciera en otras causas similares.
Por las razones dadas, corresponde rechazar la recusación formulada por el Sr. Rodríguez Erneta con sustento en el art. 17 inc. 7° del C.P.C.C.
III. Igual suerte corre la restante imputación formulada por el recusante –en los términos del art. 17 inc. 5° del C.P.C.C.- para promover el alejamiento del juez de la causa.
1. En este segmento, señala que el magistrado de grado se constituyó en denunciante en su contra en el marco de los autos “CENTRO DE ORIENTACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR CEODECO Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR-OTROS JUICIOS” [Expte. N° 6826], y también en los autos “SORICETTI OSVALDO ALBERTO Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR-OTROS JUICIOS” [Expte. N° 7277], en los que confirió vista a la Fiscalía General Departamental a los fines que determine si existió la presunta comisión de un delito que involucraría –eventualmente, en caso de existir- al Intendente Municipal Jorge Rodríguez Erneta.
En este segmento el Sr. Rodríguez Erneta recusa al Juez de la causa, en el entendimiento de que al haberse constituido –según su visión- en denunciante en su contra en sendos procesos en los cuales la Municipalidad resulta ser parte, compromete su imparcialidad en este juicio.
2. Llegado a este punto, es necesario poner de resalto que la denuncia penal a la cual hace referencia el recusante en primer término –es decir aquella relacionada con los autos caratulados: “CENTRO DE ORIENTACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR CEODECO Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR-OTROS JUICIOS” [Expte. N° 6826]-, habría sido formulada por el magistrado de grado al menos con fecha 17-12-2010 [según lo que surge del proveído obrante en copia a fs. 260/261], y luego desestimada por el Fiscal interviniente con fecha 23-12-2010 quien resolvió proceder al archivo de la causa [cfr. pronunciamiento de fs. 262/263, a cuyos fundamentos cabe remitirse en honor a la brevedad]. Esta circunstancia fue conocida por el recusante con anterioridad al inicio de la presente causa [cuya demanda fue promovida el 06-12-2011, según cargo de fs. 90 vta.], puesto que de ello da cuenta el escrito de fs. 265 que data de fecha 27-12-2010.
Lo dicho hasta aquí basta para concluir que si el Sr. Intendente Municipal Rodríguez Erneta conocía la existencia de la denuncia, la formación de la consecuente causa penal y –asimismo- su finalización por archivo con fecha 27-12-2010 –tal como quedara demostrado precedentemente-, la recusación presentada con fecha 09-04-2012 [fs. 357 vta.] y apuntalada en aquellas actuaciones resulta extemporánea.
En efecto, el art. 18 del C.P.C.C. al referirse a la oportunidad en que la recusación con causa debe ser deducida remite al art. 14 del citado cuerpo legal, norma que fija como plazo de interposición –en este caso para el demandado- “… su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla [la demanda]…”.
En la especie, la primera presentación a la que el citado artículo alude no pudo ser otra que el escrito de fs. 104/105 [de fecha 29-12-2011], oportunidad en la cual la Municipalidad de Villa Gesell peticionó la ampliación de plazo para contestar el informe requerido por el a quo y –además- planteó la declinatoria de competencia del juez hoy recusado.
De tal modo, corresponde rechazar por inadmisible la recusación formulada por el Sr. Rodríguez Erneta en esta parcela.
3. Por otra parte, tampoco se advierte la configuración de la causal denunciada en relación al segundo proceso mencionado por el Sr. Rodríguez Erneta –es decir, los autos caratulados: “SORICETTI OSVALDO ALBERTO Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR-OTROS JUICIOS” [Expte. N° 7277]-, sobre cuya base también pretende apontocar su planteo.
Es que, a poco que se transitan los argumentos del recusante y se confrontan con la documental que acompañó en sustento de sus dichos [v. en este caso fs. 345/346], se observa que el proceder del a quo se vinculó necesariamente con cuestiones inherentes al proceso en el cual, advirtiendo la posible existencia de incumplimientos a expresas órdenes impartidas, acudió a las vías procesales pertinentes a sus efectos [cfr. arg. doct. esta Cámara causa Q-1084-MP “Bernuzzi”, res. del 07-II-2012].
En suma, si el juez ordenó remitir antecedentes a la justicia penal –o, como en la especie, dar vista a la Fiscalía General Departamental-, esta circunstancia –por sí sola- no es suficiente para configurar la causal contemplada en el art. 17 inc. 5° del C.P.C.C., por cuanto la mencionada orden responde a unaobligación funcional y por lo tanto insoslayable para el magistrado cuando cree que puede haberse cometido una infracción [cfr. arg. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Dpto. Judicial de Mar del Plata, Sala II in re “Dr. José M. Figueroa”, res. del 27-04-95; “Contar S.A.”, res. del 19-07-2001].
De tal modo, la mera vista conferida por el juez de grado a la Fiscalia General Departamental a los fines de determinar si existió –o no- la presunta comisión de un delito que –eventualmente, en caso de existir- pudiera involucrar al Sr. Intendente Municipal Jorge Rodríguez Erneta, no resulta suficiente para que aquél se aparte de la causa, ni para que este Tribunal -por ese motivo- pueda tener por configurada la animosidad denunciada, que impida -por aquella razón- al magistrado resolver la causa con la serenidad, equilibrio, imparcialidad y prudencia que es propia de quienes imparten justicia [cfr. arg. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Dpto. Judicial de Mar del Plata, Sala I in re “Ambrosis”, res. del 18-10-2007].
Siendo ello así, es evidente que la conducta del juez de grado se ciñó al estricto cumplimiento de sus deberes funcionales y en el marco de aquel proceso, razón por la cual mal puede aseverar el recusante que el hecho que imputa al a quo –haberse constituído el juez en denunciante en su contra- tiña de parcialidad su proceder en la presente causa.
Corresponde, por tanto, rechazar también este argumento intentado por el Sr. Rodríguez Erneta.
4. Igual temperamento corresponde adoptar respecto del último tópico sostenido por el recusante, esto es, la presunta animosidad con la que actuaría el magistrado en aquellas causas en las que la Municipalidad de Villa Gesell es parte y la parcialidad y diferencia de trato en relación a los juicios en los que interviene el Municipio de Pinamar, cuando se trata de acciones vinculadas a la defensa del medio ambiente.
Como punto de partida, resulta necesario recordar que en materia de recusación con causa, es imprescindible que el recusante indique y acredite concretamente cuáles son los hechos demostrativos de la existencia de las causales que ponen en peligro la imparcialidad del magistrado [cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Dpto. Judicial La Plata, Sala II, in re “Orruma”, res. del 21-03-1995], no siendo suficiente su mera alegación.
Ello así, en tanto las causales de recusación son de interpretación restrictiva, puesto que requieren la existencia de un motivo serio que haga dudar de la habilidad subjetiva del Juez. Y por resultar una medida extrema y delicada, su invocación constituye un acto trascendental, por lo que se impone una argumentación convincente y fundada [cfr. arg. doct. Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Dpto. Judicial La Plata, Sala I in re “Biancucci”, res. del 10-08-1995].
Aquí, mal no viene recordar que la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia [cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 328:1491].
Se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a sentenciar, debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático [cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 92.869 “Pellegrini”, sent. del 3-III-2010].
A la luz de tales parámetros, y observando –además- los fundamentos blandidos por el juez recusado en el informe que obra a fs. 384/389, cabe concluir que los argumentos vertidos por el recusante se manifiestan como meras opiniones o sospechas carentes de todo sustento gravitante a poco que se aprecia el derrotero procesal seguido en las presentes actuaciones.
Para más, tampoco la prueba documental aportada por el proponente con su escrito de recusación [identificada a fs. 356/vta. –apartado VI. punto A.-, y agregada en autos] permite tener por acreditados sus dichos.
Luego de un relevamiento de las constancias probatorias atinentes a este último punto planteado [esto es, copia de la sentencia recaída en los autos caratulados: “Fundación Carilo c. Municipalidad de Pinamar s. Materia a Categorizar”, Expte. N° 6506 –fs. 293/299-; copia de la sentencia dictada por esta Alzada en los autos caratulados: “Fundación Cariló c. Municipalidad de Pinamar s. Amparo” –fs. 299 vta./316 vta.-copia de la Ordenanza N° 4064/11 dictada por el Concejo Delibrante la la ciudad de Pinamar –fs. 342/343- y, finalmente, la nota del Sr. Fiscal de Estado dirigida al entonces Intendente de Pinamar, Sr. Blas Antonio Altieri –fs. 344-], puede válidamente concluirse que estas probanzas no logran conmover el juicio precedente.
En efecto, de la mentada documental surge: i) que la sentencia dictada por este Tribunal con fecha 08-09-2011 –en la acción de amparo mencionada- en cuanto declara la nulidad de la Ordenanza N° 3891/10, lo fue por motivos diversos a los ventilados en estos autos; ii) que la Ordenanza 4064/11 –de la Comuna de Pinamar- se refiere al otorgamiento de un permiso precario –oneroso y revocable en cualquier momento por decisión de la Administración o por incumplimiento de su objeto- para la explotación de Unidades Turísticas de Playa por la temporada estival 2011/2012 y; iii) que en atención a las condiciones formales bajo las cuales aquélla fue dictada, no mereció objeción del Sr. Fiscal de Estado, sin perjuicio de recordar al citado Municipio que“… corresponde adoptar las acciones tendientes a cumplimentar, en el curso del año 2012, las directrices y políticas para la explotación del Frente Marítimo de Playa establecidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)…” [v. nota de fs. 344].
De lo expuesto hasta aquí no surge ningún elemento de convicción que permita advertir en forma clara y concreta la animosidad y parcialidad de trato denunciada.
Idéntico razonamiento cabe efectuar en relación a la actuación desplegada por el a quo en los autos: “Fundación Cariló c. Municipalidad de Pinamar s. Materia a Categorizar”, Expte. N° 6506.
Allí –a diferencia del sub examine- se trató del rechazo de una medida cautelar peticionada por la Fundación Cariló en el marco de un proyecto de urbanización. Y si bien el elemento común que podría unir ambas causas es la materia medio ambiental en juego, esta prueba per se tampoco alcanza para revelar la diferencia y parcialidad de trato alegada.
5. En síntesis, si el recusante no ha aportado ningún elemento concreto que justifique el apartamiento del magistrado en el litigio, corresponde rechazar el incidente de recusación planteado [cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 60.167 “Diaz”, res. del 18-V-1999], desestimando -por tal motivo- la solicitud de apertura a prueba de estas actuaciones por todas las causales invocadas [art. 27 in fine del C.P.C.C.].
Con todo, corresponde desechar –en los términos del artículo 28 del C.P.C.C.-, la recusación con causa articulada a fs. 347/357.
POR ELLO, esta Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata,
RESUELVE:
Desestimar la recusación con expresión de causa articulada en los términos del art. 17 incs. 5° y 7° del C.P.C.C. por el Sr. Jorge Rodríguez Erneta contra el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Dolores [arts. 77 del C.P.C.A.; 17, 26, 27, 28 y ccdtes. del C.P.C.C.].
Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase el presente incidente al Juzgado de origen.
  

ADRIANA M. SARDO
JUEZ

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE

ROBERTO DANIEL MORA
JUEZ

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE

ELIO HORACIO RICCITELLI
JUEZ

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE

MARIA GABRIELA RUFFA
SECRETARIA

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2 comentarios:

  1. Fuerza CEODECO.
    Presenten lo antes posible la demanda en la Corte Suprema para detener el aumento injusto de las tasas

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  2. Muchas gracias Sr. Cuneo por sus palabras de aliento. Esperamos novedades. Saludos cordiales

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