miércoles, 29 de mayo de 2013

"VIENEN POR MÁS": ARGENTINA INTENTARÁ APROBAR NUEVA LEY DE SEMILLAS ESTE AÑO



El Gobierno argentino enviará antes de fin de año al Congreso un muy esperado proyecto de ley para regular el uso de semillas, con el que busca ampliar la oferta de simientes y mejorar la producción de un país que es una potencia agrícola mundial, dijo el martes el secretario de Agricultura.

La actual legislación es muy criticada por las firmas biotecnológicas porque no prohíbe de forma clara la reutilización de las semillas que los productores obtienen de sus propias cosechas, lo que les resta volumen de ventas y demora el desarrollo de nuevas variedades.

La nueva norma impedirá que los productores de gran escala reutilicen semillas en un país que es el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja y el tercero de granos de maíz.

Con la ley "los semilleros argentinos van a tener un incentivo mayor, va a haber más competencia entre los semilleros por mejorar el germoplasma (conjunto de genes de las semillas)", dijo Lorenzo Basso en una entrevista en el marco del Foro de Reuters sobre Inversión en América Latina.

"La ley está pensada para los semilleros argentinos, no para los que producen transgénicos. Y va a haber una mayor trasnacionalización de semilleros argentinos", añadió el secretario.

Los productores de transgénicos, como el gigante estadounidense Monsanto, encuadran su actividad bajo la ley de patentes en Argentina.

A su vez, los semilleros locales usan estos eventos transgénicos para el desarrollo de simientes. Don Mario es la mayor semillera del país sudamericano.

Basso explicó que el Gobierno enviará el proyecto de ley tras los comicios legislativos de octubre próximo, con el fin de "preservar una ley que es importante del manoseo que puede sufrir por un tema electoral".

Si bien el proyecto de ley fue discutido por los distintos actores del sector agrícola del país y recibió el apoyo de muchos expertos y organismos, también ha sido muy criticado en el pasado por asociaciones de productores que temen que los agricultores de baja escala se vean obligados a pagar por semillas que hoy usan de forma gratuita.

Pero, el funcionario aclaró que la norma no se aplicará a los productores de baja escala.

"Del 65 al 70 por ciento de los productores de Argentina no va a pagar ningún tipo de regalía", señaló.

La mayor parte de la producción de granos en el país está en manos de grandes empresas agrícolas. Aunque mayoritarios en número, los productores de baja escalan aportan una porción menor.

El Gobierno estima que la producción de soja -el principal cultivo del país- será de 51,3 millones de toneladas y que la de maíz logrará un récord de 25,7 millones en la campaña 2012/13, que está a punto de terminar.

La cosecha total de granos del país ronda los 100 millones de toneladas desde hace años y el Gobierno pretende llevarla a 157 millones para el 2020, para lo que necesitará nuevas tecnologías.

TRIGO Y MAÍZ

Según Basso, la superficie destinada al trigo en Argentina, uno de los mayores exportadores mundiales del cereal, crecería más de un 40 por ciento a cerca de 4,5 millones de hectáreas en la recién iniciada temporada 2013/14.

"Va a aumentar la superficie sembrada con trigo por diferentes motivos: el anuncio del fideicomiso (para devolver impuestos) del Gobierno, las favorables condiciones de humedad del suelo, las mejores condiciones de mercado", afirmó.

"El área será de cerca de 4,5 millones de hectáreas, seguro", añadió el funcionario.

La campaña de trigo 2012/13 fue una de las peores en décadas en Argentina, con un área de apenas 3,16 millones de hectáreas y una producción de 9 millones de toneladas debido a un clima adverso y a las intervenciones del Gobierno en los mercados, muy resistidas por los agricultores.

Con una cosecha tan magra, el país tuvo un escaso margen exportable tras abastecer el mercado doméstico con los cerca de 6,5 millones de toneladas que necesita anualmente. Brasil, el principal destino de los embarques argentinos, fue el mayor perjudicado.

Por esta razón, el Gobierno -que restringe las exportaciones para garantizar el abasto local- anticipó en esta campaña la autorización de 5 millones de toneladas de trigo para exportar, a la vez que anunció la creación de un fideicomiso -financiado por las tasas que pagan los agricultores- para devolver impuestos al sector.

El Gobierno prevé revisar el sistema del fideicomiso para el trigo año a año y no está analizando extenderlo al maíz, otro cultivo que sufre restricciones a las exportaciones y también paga impuestos a las ventas externas, según Basso.

"El maíz ya tuvo un incentivo con los anuncios anticipados de apertura que se hicieron en la última campaña, que permitió la formación de precios y que se moviera bien. Este año la apertura también se va a anunciar de forma anticipada", dijo.


Reuters/ reporte de Nicolás Misculín, editada por Alejandro Lifschitz y Javier López de Lérida)


LA NUEVA LEY DE SEMILLAS QUE PROMUEVE MONSANTO                                        

por Maribel Carrasco        

Producción agropecuaria. Respondiendo a los intereses de la multinacional Monsanto e impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, está circulando un proyecto para modificar la Ley de Semillas que busca privatizar y mercantilizar una práctica tan vieja como el hombre: seleccionar, mejorar, multiplicar e intercambiar semillas libremente. Esta propuesta es parte del modelo del agronegocio sustentado en los monocultivos, la alteración genética de las especies, el uso de agrotóxicos, el avance de la frontera agropecuaria y la concentración de la tierra. Profundiza además la dependencia de nuestro país en la producción de alimentos contribuyendo a la pérdida de soberanía alimentaria[1]. Vía Campesina[2] se opone a la propiedad intelectual y a toda forma de apropiación de la vida.

Desde hace diez mil años el hombre ha reproducido su propia semilla y ha tendido a experimentar formas de mejoramiento genético mediante cruces de las diversas semillas de una misma especie. En Argentina, las primeras semillas que se utilizaron procedían de los inmigrantes, de firmas privadas y de organismos estatales, y no había controles de ningún tipo. Con el paso del tiempo distintas instituciones del Estado comenzaron a intervenir en el mejoramiento genético de la semilla y también las empresas privadas se iniciaron en la investigación agropecuaria apropiándose de los bienes creados, que antes eran de libre disponibilidad.
De esta manera, en las últimas décadas, en los países centrales, la investigación y el desarrollo de nuevas variedades de cultivos ha pasado de ser una actividad pública a ser básicamente una actividad privada. Fue así que se crearon sistemas legales de patentamiento de seres vivos apuntando a una mayor protección legal a los derechos de propiedad sobre las innovaciones biológicas.
En Argentina históricamente los productores han tenido y tienen tres opciones para obtener las semillas, y esto es amparado por la ley. Una es obtener semillas de cada ciclo de cultivo a través de instituciones públicas, empresas semilleras; otra es intercambiar granos por semilla con otros productores o comercializadores o guardar una porción de su propia cosecha para sembrar la semilla obtenida en su propio campo. Se considera que en los países en desarrollo como el nuestro, el 80% de las semillas utilizadas por los agricultores es provista por la reproducción que ellos mismos hacen o es obtenida por canales no oficiales.
A partir del surgimiento de los cultivos híbridos y de los transgénicos, el capital privado destinado a la industria semillera creció y alcanzó su apogeo en la década del 90, y paralelamente, el interés de las empresas por el patentamiento de las semillas ha tomado mayor vigor generando un conflicto de intereses.

Las presiones de Monsanto por una ley de patentes
Monsanto, que se inició como productora de agrotóxicos y se extendió hacia la industria de las semillas, ha tenido siempre el propósito de controlar en forma absoluta el suministro de semillas a través de una ley de patentes porque argumenta que todas las semillas podrían tener rasgos transgénicos por la polinización cruzada. Esto les quitaría a los productores el derecho de guardar y utilizar sus propias semillas porque existiría la posibilidad de que puedan estar cruzadas con transgénicos. De esta manera las empresas pasarían a tener el control completo del suministro de alimentos a través de las semillas.
Nuestro país, que es el segundo productor mundial de transgénicos y el tercer productor de soja, viene sufriendo desde hace años los ataques permanentes de Monsanto que pretende cobrar en concepto de regalías por el uso de su patente sobre la soja transgénica.
Según la investigadora Silvia Ribeiro, la patente de Monsanto en Argentina no tiene validez porque la empresa no cumplió con los trámites de registro nacional en el plazo requerido. De todas formas, esto no ha impedido que Monsanto cobre en forma compulsiva las regalías por medio de un porcentaje en el precio de la semilla. Se cree que en Argentina sólo el 18% de la semilla de soja transgénica es comprada a distribuidores. El resto se vende sin certificación o es producto de lo que los productores guardan de su cosecha. Según esta investigadora, los reclamos de Monsanto son ilegales, sin embargo no ha dejado de presionar para cobrar regalías.
Luego de la aprobación del cultivo de la soja transgénica en 1996 en nuestro país, la práctica de la multiplicación de la semilla ha crecido al igual que la expansión de la soja y se supone que la venta “ilegal” de la semilla se ha expandido hacia los países limítrofes. Durante esos años la empresa Monsanto no presentó ningún reclamo, y recién en 2001 cuando la soja ya estaba ampliamente instalada en el país, la empresa comienza a amenazar a los productores por el uso “ilegal” de su semilla y al gobierno nacional por no hacer cumplir “la ley”.

La propuesta de modificación de la Ley
Como Monsanto no ha podido cobrar regalías en un país con 18 millones de hectáreas plantadas con soja, viene presionando y haciendo lobby para modificar la actual Ley de Semillas, propuesta que paradójicamente ha vuelto a encabezar el Ministerio de Agricultura de la Nación.
El anteproyecto contiene un apartado sobre la protección de la propiedad intelectual de las semillas que responde a los intereses de las semilleras. Para este sector, la libre utilización por parte de los agricultores de las semillas reservadas de su cosecha, viola sus derechos de propiedad intelectual y ha intentado impedir esa reutilización, o al menos limitarla lo más posible mediante el pago de regalías compensatorias por las bolsas de semillas propias reservadas.
De esta manera, la nueva legislación apunta a reglamentar y restringir el “uso propio” destacando que sólo podrán hacer uso de esta prerrogativa los llamados “agricultores exceptuados”, quienes deben estar debidamente inscriptos en el “Registro Nacional de Usuarios de Semillas”. De esta forma, la ley pasaría a sancionar a los productores agropecuarios por el uso de sus propias semillas, cuando durante miles de años fueron y son productores y reproductores de las mismas.
Como es lógico este anteproyecto ha tenido el apoyo de la industria semillera, el sector del modelo del agronegocio y casi toda la Mesa de Enlace: la Asociación de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro, aunque estas últimas con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones.
Incluso Vía Campesina impulsa la defensa del derecho de los productores de reproducir su propia semilla, proponiendo que ésta debería ser considerada como patrimonio de la humanidad. “Las semillas son simultáneamente fundamento y producto de culturas y sociedades a través de la historia. En ellas se incorporan valores, afectos, visiones y formas de vida que las ligan al ámbito de lo sagrado. Sin las semillas, es imposible el sustento y la soberanía de los pueblos. Al desaparecer las semillas, desaparecen las culturas y los pueblos rurales y las comunidades”.
Por Maribel Carrasco

Fuentes:
-Teubal Miguel, “El modelo sojero en la Argentina” en Realidad Económica, Nº 220, Mayo-Junio de 2006
-Leff, Enrique 1998 Ecología y Capital, Racionalidad Ambiental, Democracia Participativa y Desarrollo Sustentable (México: Siglo XXI ediciones).
-Navarrete Manuel y otros, “Análisis sistémico de la agriculturización en la Pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra-pampeanas: sostenibilidad, brechas de conocimiento e integración de políticas”. Serie CEPAL 118. Medio ambiente y desarrollo, 2005.

[1] Se entiende por Soberanía Alimentaria el derecho de los pueblos a los alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Este concepto fue acuñado por Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1996.
2 Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas migrantes y otros, y defiende la agricultura familiar y la soberanía alimentaria de los pueblos.
Fte: Actualidad de Tigre


DEBATES SOBRE LA NUEVA LEY DE SEMILLAS IMPULSADA POR EL GOBIERNO NACIONAL

Acercamos las visiones críticas que se vienen dando desde los distintos sectores sobre el anteproyecto que aún no ha sido presentado en el Congreso de la Nación, para la modificación de la Ley de Semillas vigente en Argentina.

Sobre la modificación de la Ley de Semillas
Por Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Universidad Nacional del Comahue)
  
Desde hace unas semanas a través de notas periodísticas, entrevistas radiales y comunicados en correos electrónicos se viene anticipando la modificación de la Ley de Semillas. La movilización entorno a este tema parece encontrar la causa en la instalación de Monsanto en la provincia de Córdoba, y en la llamativa facilidad con que esta multinacional pretende desembarcar en territorio argentino y no tanto en el análisis del proyecto.

Hoy es virtualmente imposible acceder al proyecto de modificación de la Ley cuya incumbencia es importantísima para la actividad económica que mayores réditos ofrece al país, algo extraño si la perspicacia sostuviera nuestra posición, por lo que no podemos avanzar en su análisis. De todos modos resulta interesante poder realizar un primer acercamiento a la Ley a reformar. Advertiremos en sus artículos que se encuentra lejos de considerar a la semilla como continuidad de la vida y la garantía de la soberanía alimentaria como de reconocer a los pequeños productores, campesinos y comunidades originarias como sus guardianes ancestrales, siendo en cambio su obstinado objetivo el de aumentar la producción a gran escala y proteger la propiedad privada de la semilla. En definitiva la Ley legitimó las condiciones que posibilitaron el imperio del monocultivo, las modificaciones genéticas y la dependencia de los paquetes tecnológicos desbordados de productos químicos de síntesis.

La Ley de Semillas vigente

La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 fue sancionada el 30 de marzo de 1973, durante el gobierno de facto de Ernesto J. Lanusse. El objetivo hace referencia directamente a promover la producción y comercialización de la semilla. De esta manera reconoce a la semilla como un bien económico con un valor determinado por el mercado despojándola de todo sentido natural, cultural e identitario.

Si bien anuncia asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente defiende la propiedad de las creaciones fitogenéticas, es decir la aplicación del conocimiento científico para mejorar genéticamente el cultivo.

Para el cumplimiento de la Ley se establecen órganos de aplicación dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería:
-Comisión Nacional de Semillas
-Registro Nacional del Comercio y fiscalización de las Semillas
-Registro Nacional de Cultivares
-Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares
En cuanto a la formación de la Comisión Nacional de Semillas se establece que será integrada por diez miembros de los cuales cinco de ellos representarán al Estado y el resto será representante de la actividad privada confirmándose el sentido comercial del asunto.
En relación a la Semilla se determinan dos clasificaciones: Identificadas y Fiscalizadas. La primera de ellas debe poseer, además de los datos personales del “comerciante expendedor”, un exhaustivo detalle de las características de la semilla que requiere de conocimiento técnico y científico. La clasificación de Fiscalizada refiere a poseer los requisitos de las semillas Identificadas y además que demuestre un buen comportamiento en ensayos oficiales y que “este sometida a control oficial durante las etapas de su ciclo de producción”.

El “Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas” en el cual deberá quedar registrada toda aquella persona que importe, exporte, produzca semilla Fiscalizada, procese, analice, identifique o venda semillas, tiene una clara lógica meramente mercantilista que no identifica al trueque o intercambio como alternativa entre las posibilidades de cambio.
Otra forma de quedar apuntado es en el Registro Nacional de Cultivares donde es inscripto todo aquel cultivar que es identificado por primera vez siempre y cuando se lleve adelante únicamente a través de un ingeniero agrónomo con título nacional o revalidado.

También se desarrolla sobre la propiedad de los cultivares con el objetivo de proteger la propiedad de los descubridores o modificadores de cultivares, considerando que aquellas personas que “descubran” una nueva especie pasan a ser dueñas de ella. Eso si, el título de propiedad del cultivar se otorgará por un período no menor a diez años y no podrá superar los veinte años.

En este mismo sentido y en otro artículo (N° 26) se explica que el título de propiedad que se solicite para un cultivar extranjero, deberá serlo por su creador o representante legalmente autorizado con domicilio en la Argentina. Quizá ahora se entiende porqué Monsanto se radica este año en la provincia de Córdoba.

Por demás llamativo el capítulo que hace referencia a las sanciones. Será multado y su mercadería decomisada aquellas personas que expusiere o entregare a cualquier título semilla no identificada en la forma establecida por la Ley de Semillas. También serán procesados quienes difundieren como semilla cultivares no inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares. Se entiende entonces que todas las variedades de semillas y cultivares del territorio argentino han sido registradas al momento de promulgación de la Ley.

Que paradójico saber que desde hace unos años se promueven y organizan “Ferias de Semillas” a lo largo y ancho del país impulsadas principalmente por instituciones estatales. A juzgar por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 se trataría de actos “ilegales” ya que se generan intercambios de semillas y plantines sin estar registradas ni identificadas en Registro Nacional del Comercio y fiscalización de las Semillas.

La propuesta de modificación

Es entonces fundamental reconocer la importancia del cuidado, protección y desarrollo de los cultivos por parte de las comunidades locales previo a las variedades comerciales y de laboratorios. La mercantilización de la semilla ha sido una de las principales causas de desaparición de especies vegetales. Según datos de la FAO, desde el comienzo de la agricultura se manejaban cerca de 10.000 especies vegetales en la obtención de alimentos y forrajes. En la actualidad se alcanzan a los 150 los cultivos que alimentan a la mayor cantidad de población mundial. “Sólo 12 cultivos proporcionan el 80% de la energía que consumimos, siendo el trigo, arroz, maíz, y la papa responsables del 60% de ese total”. (CIRGAA– FAO, 2004).

Sin duda existe un preocupante desajuste entre la normativa y la realidad, un espacio que de no ser ocupado por un Estado que realmente responda a su pueblo es una presa fácil para el agronegocio. Indudablemente apremia su modificación. Una modificación que tenga en cuenta la participación de las organizaciones sociales, comunidades originarias, campesinas y campesinos, entre otros actores políticos que aún resisten en los vapuleados rincones del interior del país. Sería superador poder instalar el tema de la importancia de las variedades locales de semillas y su valor como patrimonio de la humanidad y rechazar los derechos de propiedad intelectual sobre las especies que llevan hacia la privatización de la naturaleza y la destrucción de la biodiversidad.

Sin embargo, según documentos que hacen referencia al proyecto de modificación, las reformas a esta Ley no parecen ir en esa dirección. La ley vigente se ejerce sobre el Derecho de Obtentor (es el que crea y desarrolla una variedad vegetal), siendo ésta una forma de reconocer el derecho de propiedad intelectual. La otra forma, recae sobre la patente de invención. Ésta última no esta regulada en la legislación nacional todavía y es lo que permite guardar y sembrar semillas para su propio uso. Este vacío legal es lo que las empresas transnacionales reclaman que se regule, pudiendo ellos cobrar regalías al utilizar las semillas en una nueva siembra. Tanto la ley vigente como la nueva ley que parece avecinar y que avanzaría sobre todas las formas de propiedad intelectual, implica nada menos que la “propiedad intelectual sobre formas de vida” (Peremulter Tamara, “Que hay detrás de la nueva ley de semillas”).

Necesitamos que la modificación de la Ley proponga otra cosa, una indiscutible intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas como así también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de semillas e imposibilitando la concentración y los derechos de la propiedad de las semillas y el desarrollo del monocultivo en manos de multinacionales, entendiendo que las semillas son la continuidad de la vida y garantía de la soberanía alimentaria. Invitamos a revisar otras leyes como es la Ley de Semillas de Bolivia que considera la función social que cumple la semilla en pos del bienestar familiar y comunitario e integra la distribución y donación de las semillas como parte del proceso productivo.

Lo que ocurre en las ferias de intercambio de semillas y saberes son cuestiones simples pero trascendentales, despojadas de corsés legales pero profundamente instituyentes: se intercambia sin precio pero con valor, reconociendo su origen, características generales y sin olvidar de precisar cuál es la mejor luna para sembrar.

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Declaración MAELA y RAP-AL sobre proyecto Ley de semillas

Argentina, 14 de octubre de 2012


A la Sra. presidente de la Nación: Cristina Fernández de Kirchner
Al sr. ministro de agricultura: Norberto Yauhar
Al Sr. Vice ministro de agricultura: Lorenzo Basso
Al sr subsecretario de agricultura familiar: Emilio Pérsico
A los Sres. Gobernadores/as
A los señores senadores/as y diputados/as de la Nación
Al director del Instituto Nacional de Semillas: Carlos Ripoll
Al Director del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuaria (INTA). C. Casamiquela
Al Director Nacional del IPAF

Desde las Instituciones que formamos el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y del Caribe- MAELA – y de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina manifestamos nuestro rechazo del ante proyecto de ley de semillas y creaciones filogenéticas que será presentado ante el parlamento nacional. A su vez manifestamos la necesidad de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores/as. Motiva nuestro deseo los siguientes elementos:

1- Las definiciones que tratan de describir el tipo social productor – Artículo 1, inciso J- son reduccionistas y se atienden a variables que no se condicen con los cambios contextuales que han llevado a los productores familiares a trabajar fuera de su predio. Esto es grave porque de esa definición luego se deriva quienes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas.

2- Acerca de la creación de la comisión nacional de semillas – Cap. II Art 4 -, creemos muy reducido el número de miembros que formarán parte de la comisión representando a los productores. Tal número no se condice con la heterogeneidad de tipos de productores, ni con la dispersión geográfica y ambiental tanto como la diversidad cultural en la cual se desarrollan actividades productivas vinculadas a las semillas.

3- En referencia a las características que deberá poseer la semilla objeto de canje – Cap. III, Art 9- consideramos como muy restrictivas dichas variables para las semillas intercambiados por y entre los productores, tornando una actividad lícita y ancestral en una actividad ilícita. Por su parte en el artículo 14 al obligar a la persona que transfiera semillas a inscribirse en el Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas limitará la participación de productores/as en las ferias de semillas que se realizan en todas las regiones del país. Desde las cuales se promueven valores y costumbres que enriquecen noblemente nuestra cultura. En las tres ferias nacionales de semillas realizadas hasta el presente han participado cerca de 6000 productores/as. Solamente en la primer feria realizada en la Provincia de Bs. As. se registró el intercambio de cerca de 1724 muestras de semillas y partes reproductivas.

4- El sistema de Protección de Variedades Vegetales previsto en la ley constituye la única forma de protección de la propiedad intelectual para las variedades vegetales en la República Argentina, pero nada se dice de la protección de las semillas y los saberes y prácticas a ellas asociados.

5- Al establecerse que el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) podrá determinar los requisitos y condiciones especiales para la producción, multiplicación y uso de semilla del agricultor se vulneran derechos adquiridos por los productores de conservar, intercambiar y conservar sus propias semillas.

6- Al posibilitarse que -según consta en el Capítulo VII , artículo 47 – “funcionarios del INASE en cumplimiento de esta ley podrán, en cualquier momento y lugar, inspeccionar predios donde se encuentren semillas depositadas o sembradas con cualquier destino, detener vehículos en que se transporten semillas, extraer todo tipo de muestras de semillas e incluso de materiales sembrados en cualquier estado en que se encuentren o de los materiales producto de su cosecha, efectuar todo tipo de análisis con los mismos, intervenir e inmovilizar cualquier partida de semilla en presunta infracción” se podrá interrumpir el normal flujo e intercambio de semillas entre productores cuando una empresa sospecha o presuma que ha sido afectada en sus interés ocasionando problemas productivos y/o comerciales a los productores.

Desde el MAELA y RAP-AL a su vez exigimos:

1- La apertura de una amplia discusión entre todos los actores vinculados a la producción agraria y que se vinculen con la producción, uso, intercambio y conservación de las semillas.

2- Dejar de lado todo principio, norma o ley que vulnera los principios de los productores

3- Que todos los productores puedan conservar, intercambiar y sembrar las semillas que desee y establezcan sin ser presionados por las empresas, ni las instituciones del estado.

4- Se continúe y favorezca el intercambio de semillas entre productores atendiendo a los criterios de identidad y calidad que se puedan fijar en un amplio marco de discusión.

5- La moratoria en la liberación de nuevos cultivos transgénicos.

6- Se constituya una comisión nacional de semillas amplia y diversa atendiendo a la necesidad de que todos los actores se hallen representados, incluyendo dimensiones que hacen a la diversidad cultural, económica y geográfica

Hacemos un llamado a todas las instituciones y organizaciones de productores y de la sociedad civil a rechazar un anteproyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los ciudadanos de nuestro país. La producción agraria tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población, además de conservar los bienes comunes naturales. Poner en riesgo la soberanía alimentaria de los habitantes de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrario, significa avanzar por el camino de la pérdida de los derechos de nuestro pueblo.


Desde el inicio del peregrinar de los seres humanos en la tierra, las semillas han alimentado a la humanidad. Productores/as de todo el mundo han atesorado, enriquecido, conservado, intercambiado y cultivado las semillas, nadie, ni nada debería privar el acceso a este derecho. Las semillas son patrimonio de la humanidad.

Esperamos con profunda y convincente esperanza, que nuestros deseos y solicitudes puedan hacer eco en tan importante proyecto de Ley.
Saludamos con los mejores deseos hacia ustedes y quedando a plena disposición de poder debatir con absoluto respeto las cuestiones que nos aquejan.

Atentamente,
Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y del Caribe
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL)

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Anteproyecto de Ley de Semillas impulsado por el Poder Ejecutivo: Alianza Gobierno Nacional – Monsanto
 Informe de la Federación Agraria Argentina


Por iniciativa oficial surgida del Ministerio de Agricultura, y con particpación de las Entidades privadas, se ha redactado un anteproyecto de ley destinado a reformar la ley de semillas 20.247, de 1973. La misma está siendo impulsada por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yahuar, el Secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, el presidente del INASE, Carlos Ripio, y los criaderos extranjeros.

Lo que pretenden desde el Poder Ejecutivo de la Nación, es llegar a un consenso entre las entidades privadas sobre un anteproyecto de ley que beneficia principalmente a empresas multinacionales obtentoras de variedades y eventos tecnológicos, en perjuicio de los productores, a los efectos de no tener que pagar el costo político de sancionar una ley que privatice la alimentación, vital para el desarrollo de la humanidad, y dejar el monopolio en manos de empresas extranjeras, principalmente de Monsanto.

El eje de la reforma radica en limitar el “uso propio”, derecho que tienen los agricultores por haber realizado procesos de selección y mejoramiento de variedades desde 10.000 años antes de Cristo, cuando las poblaciones se organizaban en forma sedentaria.

Ver el informe completo: Posición FAA ley de Semillas

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10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina
Por Movimiento Nacional Campesino Indígena; CLOC – Vía Campesina Argentina GRAIN; Amigos de la Tierra; Acción por la Biodiversidad


Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.

Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos.

Podemos afirmar que:

1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.

2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.

3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genéticas utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.
De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.

4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.

5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.

6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.

7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.
8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.

9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.

10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 21 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos.

Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA
FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA
POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR A Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS

Organizaciones firmantes:

Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC – Vía Campesina Argentina
GRAIN
Amigos de la Tierra
Acción por la Biodiversidad

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