sábado, 31 de diciembre de 2011

AGROQUÍMICOS GLIFOSATO-JUICIO POR MUERTOS EN CÓRDOBA

Histórico juicio por contaminación con herbicidas que provocó 300 muertos

Cuando el 27 de febrero se sienten en el banquillo de los acusados los dos productores agropecuarios y un piloto de avión, denunciados por fumigación clandestina en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez sabrá que se abre una puerta para que las familias de los 300 muertos por cáncer obtengan justicia. Jorge Alberto Gabrielli, Francisco Rafael Parra y Edgardo Jorge Pancello rendirán cuentas ante la Cámara 1ª del Crimen por violar el artículo 58 de la ley de Agroquímicos de la provincia. 

Ávila Vázquez es el único querellante particular de la causa, que se inició a partir de su denuncia en 2008, cuando cumplía funciones como subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba.  “Nosotros ya habíamos denunciado públicamente en diciembre 2010 que estaba sembrado con soja a 200 pasos del barrio y que las fumigaciones llegaban hasta las casas. En febrero había llovido mucho y necesitaban fumigar. Cuando desde el dispensario nos avisaron que el avión estaba aplicando endosulfan y glifosato por la mañana, concurrimos para allá, hablamos con la gente y nos fuimos a tribunales para hacer la denuncia penal”, recuerda el especialista. 

Docente de la Cátedra de pediatría de la Facultad de Medicina de la UNC, Ávila Vázquez integra la Red de Médicos Fumigados que trabaja con poblaciones fumigadas con pesticidas en diversas regiones del país. Despues de 10 años de denuncias públicas, continuó con el reclamo judicial, apoyado por las Madres de Ituzaingó, colectivo de mujeres que comenzaron a sospechar que la enorme cantidad de casos de cáncer se debía a los pesticidas que se aplicaba en un campo ubicado del otro lado de la calle donde terminaba el barrio. 

El médico rescata el papel fundamental del fiscal de primera instancia Carlos Matheu, que asumió la investigación a pesar de la posición abiertamente en contra del gobierno provincial.  “Tomó medidas, recabó testimonios de quienes vieron al avión, recogió muestras del suelo del barrio y las mandó a un instituto del Conicet en Santa Fe, cuyo análisis confirmó que tenían glifosato y endosulfan. También allanó el hangar de la avioneta y encontró los envases vacíos, y en los galpones de los productores también había envases listos para una próxima fumigación. Juntó todo el material probatorio que soportó las presiones del complejo agroindustrial, que no quería saber nada con un juicio de estas características”, describe Ávila Vázquez.

En su momento, el médico ordenó realizar desde el municipio un trabajo de relevamiento en el sector para constatar la cantidad de personas fallecidas a causa de cáncer y los niños nacidos con malformaciones, reactualizando trabajos similares realizados en 2005. 

“Pudimos saber que el 33% de los muertos en el barrio era a causa de cáncer, cuando en el país la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares con un 24%, y el cáncer a nivel nacional ronda el 18-20%. En definitiva, Ituzaingó mostraba entre un 50 y un 70% más de casos de cáncer”, sostiene.

La investigación judicial constató que eran los mismos productores y la misma avioneta que venía fumigando hace tiempo. La misma gente del barrio los había detenido en algunas oportunidades y por eso tenía la práctica de fumigar en horarios nocturnos o los domingos donde fuera difícil que los inspectores municipales o de ambiente estuvieran presentes para constatar la infracción, que es lo que la ley provincial exige. 

Un antecedente malo para el negocio 

Ávila Vázquez sabe que enfrente tendrá a los más nombrados abogados penalistas, a precios siderales, que no dejarán resquicio para evitar que los acusados sean los primeros en cumplir condena por fumigar poblaciones. Distintas versiones señalan que los productores acusados cuentan con el apoyo de la Asociación de Siembra Directa y la Federación Agraria entre otras entidades que seguirán de cerca todas las instancias del juicio. Un fallo en contra sentaría un grave antecedente para los agronegocios. Llegar al juicio oral ya es todo un logro.                                           

Se dieron una serie de coincidencias que muestran que la gente lucha por principios, por valores, defendiendo sus derechos. Creo que las Madres de Ituzaingó son un ejemplo porque a pesar del dolor de sus hijos y maridos muertos o enfermos, siguieron la lucha contra viento y marea. Cuando muchas veces se decía que estaban a favor de Juez, y en contra de De la Sota, poniendo el reclamo en un marco que no era el propio, con el objetivo de ningunearlas. 

Expectativa de los resultados del juicio 

En el país se presentaron varios amparos, que tuvieron su litigio en el juzgado donde se tramitaron, algunos se perdieron y otros se ganaron, como en el Chaco o Santa Fe, en San Jorge, donde se ordenó no fumigar para resguardar la salud de la población. Pero esta es el primer caso donde se debate si fumigar con veneno sobre la gente es un delito o no.
Este juicio tiene una importancia regional, porque son muchos los países de Sudamérica que están sometidos a estas prácticas concentradas que destruyen las selvas, los bosques, desplazando campesinos, masacrando pueblos originarios. Por eso creo que un fallo condenatorio va a extender los reclamos por todos lados.

Más Madres que siguen enseñando Todos tenemos agroquímicos en la sangre”, dice Sofía Gatica, la primera de las Madres de Ituzaingó en comenzar a caminar las calles del barrio para saber qué era lo que pasaba que aparecían tantas mujeres con pañuelos en la cabeza cuando iban a la despensa. 
Una década después de iniciar su lucha Gatica, que perdió un hijo a causa del cáncer, asegura que si la justicia argentina no resuelve el conflicto, las Madres están dispuestas a llegar incluso hasta la Corte Interamericana de DD.HH.

Frente al juicio que se viene, las madres no ocultan su ansiedad. Corina Barboza, compañera de luchas de Sofía, piensa mientras observa un cartel donde se ofrece un loteo para viviendas, no aprobado por la municipalidad, donde antes crecía la soja. “Indudablemente es un avance que se hay elevado a juicio la causa pero todavía tenemos miedo de los resultados. Estos productores sabían desde el primer momento que nos estaban envenenando porque se lo dijimos y nuestras protestas fueron públicas.

No pueden decir que no sabían, además si tienen el asesoramiento de un ingeniero agroquímico, ese señor sabe bien que les hace a las personas el endosulfan. Tienen que pagar porque envenenaron a la gente, en nuestro barrio murieron más de 300 personas.

La falta de respuestas del Ministerio de Salud cordobés a los reclamos las llevó chocar permanentemente con las autoridades. Pero en  medio de la lucha, lograron, por medio de la  Municipalidad, que el barrio reciba agua potable  de red, asfalto, que saquen del barrio los tres  transformadores de EPEC, cuyos líquidos  enfriadores contenían componentes  contaminantes y que se cambien 200 tanques de  agua de las casas sin tapa que recibían los  pesticidas arrojados desde los aviones. 

“Las trasnacionales tienen negocios con el gobierno  de la provincia, por eso no tuvimos respuesta. Tuvimos que cortar ruta para recibir  medicamentos oncológicos”, cuenta Gatica.  Las Madres hicieron su aprendizaje en base a los golpes y frustraciones que significó pelear para que se reconozca el problema del barrio.  “Justamente somos madres que nos unimos  para defender la vida de nuestros hijos. Cuando  hay personas que tienen algo por qué pelear, hay que juntarse y luchar para lo que estamos  decididos a defender. Nosotras lo hicimos por la salud, por la vida. Después aprendimos mucho sobre lo que venía detrás y nos comprometimos contra las fumigaciones y la contaminación ambiental, pero sobre todo aprendimos a hacernos escuchar”, concluye Barboza.

Aldo Humberto Conte
BWN Patagonia

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